América Latina: Salud, derechos humanos y virus Zika
- Center for Health & Human Rights. Harvard
- 26 feb 2016
- 3 Min. de lectura
Los ministros de salud de América Latina han anunciado que se unirán para detener la alarmante propagación del virus Zika. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud ha actuado con inusual celeridad para frenar este virus, del cual el mundo actualmente conoce muy poco. Pero hay mucho que sabemos sobre cómo contener el impacto del virus Zika, porque es, una vez más, una enfermedad de la pobreza y la falta de empoderamiento. Por lo tanto, tomará más que los ministros y los organismos de salud para superarlo. La velocidad con la que el virus Zika parece estar propagándose sólo es superada por la velocidad con la que las fallas políticas estructurales en América Latina se han transformado en aparentes deficiencias personales. El virus Zika es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Este mosquito se reproduce en aguas estancadas y es más endémico donde las personas de menores recursos carecen de provisión de agua y saneamiento adecuados, y deben acumular agua en recipientes abiertos. La falta de agua de cañería para el abastecimiento de los sistemas de saneamiento en toda América Latina, incluso en las grandes ciudades, deja a millones de personas en riesgo de contraer estas enfermedades.

También sabemos que la transmisión d madre a hijo parece presentar serios riesgos para el lactante, incluyendo la microcefalia. Esto ha provocado un mensaje generalizado de los ministerios de salud de toda América Latina, solicitando a las mujeres no quedar embarazadas. Esto a su vez recuerda una campaña de salud pública igualmente equivocada e ineficaz de una época anterior: evitar el VIH/sida mediante la abstinencia. Al igual que con esa y otras campañas que reducen los problemas sistémicos a la modificación del comportamiento individual, en el caso del virus Zika, las advertencias a las mujeres no sólo son ineficaces, sino que constituyen claramente una cínica abdicación de la responsabilidad gubernamental. En muchos de los países en los que el virus Zika se está consolidando, las mujeres pobres, las adolescentes y las mujeres de comunidades marginadas simplemente no tienen la posibilidad de elegir en sus relaciones sexuales, ni tienen la educación sexual integral y el acceso seguro a la anticoncepción, así que no pueden controlar si van a quedar embarazadas. Por no hablar de las que quedan embarazadas como producto de un asalto sexual criminal. Además, incluso con acceso a los anticonceptivos, algunas mujeres y niñas inevitablemente quedarán embarazadas. Algunos de los países en los que el virus ha emergido tienen las leyes de aborto más restrictivas del mundo, cortesía de gobiernos dominados por ideologías religiosas en lugar de una ideología de protección de los derechos reproductivos. En El Salvador, por ejemplo, no hay excepciones para la criminalización del aborto. La tendencia es procesar a las mujeres por infanticidio (lo que conlleva una sentencia mucho más rígida) más que por haber procurado un aborto. La ley del aborto en Brasil, donde hasta la fecha se ha producido el mayor número de casos de fiebre Zika, está siendo cuestionada actualmente, y sin duda enfrentará otros desafíos. Pero todos podríamos preguntarnos: ¿Por qué las mujeres y las niñas de menores recursos (y, potencialmente, sus hijos) tienen que ser sometidos a este innecesario sufrimiento, en lugar de garantizar el acceso a un aborto legal y también reformar leyes y políticas que eliminen la discriminación estructural contra las mujeres que no tienen acceso a la anticoncepción, el aborto y la educación sexual, que cumplan con los estándares de derechos humanos internacionalmente aceptados?
Como lo demuestra el virus Zika, precisamente debido a nuestra capacidad reproductiva, son las mujeres, en particular, quienes experimentan su pobreza y marginación a través de su contacto con sistemas de salud indiferentes. Son las mujeres quienes afrontarán las mayores consecuencias de la ausencia de medidas de salud pública, de protección social inadecuada, y leyes discriminatorias y, además, son culpadas por “embarazarse”. Los esfuerzos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y otros líderes de la región para unir a los ministros de salud, y la rápida respuesta de la OMS, deben ser aplaudidos. Pero la respuesta al virus Zika debe ir más allá de la contención inmediata y el control vectorial, y de la “seguridad” de salud internacional para impulsar los significativos compromisos gubernamentales necesarios para abordar las condiciones sociales subyacentes y la discriminación contra las mujeres.
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